Necesario garantizar interpretes en procesos

Leonor Hernández 

La falta de contratación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas representa una de las deudas más profundas del sistema judicial en México, una omisión que vulnera directamente los derechos fundamentales de los pueblos originarios.

 A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo segundo, garantiza el derecho de toda persona indígena a ser asistida por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y cultura, la realidad en los juzgados y ministerios públicos dista mucho del mandato legal. 

En este sentido María de la Flor Gómez Cruz, directora del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CELALI), ha denunciado que las instituciones de justicia han evadido sistemáticamente su responsabilidad de integrar a estos profesionales de manera formal y digna en sus estructuras operativas.

El problema no es solo la falta de personal, sino la carencia absoluta de una infraestructura financiera que respalde esta labor, según la titular del CELALI, ninguna dependencia judicial cuenta actualmente con un techo financiero específico para cubrir salarios justos para los intérpretes.

 En los casos donde se llega a ofrecer algún pago, los honorarios resultan ser significativamente menores a los que perciben peritos en otras disciplinas técnicas o científicas, esta discriminación económica refleja una falta de prioridad institucional hacia la justicia pluricultural, dejando al CELALI como un ente que solo puede intervenir de manera reactiva ante solicitudes de la autoridad, pero sin poseer una plantilla de intérpretes adscritos para cubrir la demanda real.

La ausencia de estos especialistas tiene consecuencias devastadoras en el debido proceso, un intérprete en el ámbito legal no solo traslada palabras de un idioma a otro, sino que debe poseer un dominio sólido de la terminología jurídica para asegurar que el imputado o la víctima comprendan la magnitud y los detalles del proceso en el que están involucrados. 

Cuando una persona enfrenta un juicio sin entender el lenguaje técnico de jueces y fiscales, queda en un estado de indefensión total, esta barrera lingüística se convierte en una puerta abierta a violaciones sistemáticas de los derechos humanos y perpetúa la exclusión histórica de las comunidades indígenas del acceso real a la justicia.

Finalmente, el cumplimiento de esta garantía constitucional es un requisito indispensable para la salud democrática del país, la democracia no se limita al ejercicio del voto, sino que se construye a través de herramientas efectivas que faciliten el acceso a los servicios del Estado para todos los ciudadanos, sin distinción de su lengua materna.

 Mientras el sistema judicial mantenga la contratación de intérpretes como una “tarea pendiente” y no como una obligación inmediata, el ideal de una nación multicultural y equitativa seguirá siendo una promesa incumplida