Cárceles se están llenando: Fiscal

Suceso Chiapas

En conferencia de prensa, el Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó el incremento importante de detenciones en el estado y la preocupación que existe respecto a los centros penitenciarios de la región, aseguró que los penales se encuentran al límite de su capacidad, lo que ha generado la necesidad urgente de revisar y replantear las estrategias de seguridad y gestión penitenciaria.
Llaven Abarca expresó que, ante esta situación, se deben tomar medidas para fortalecer la seguridad en los centros de reclusión. «Sin duda, en los penales debe hacerse y planearse algo para poder reforzar la seguridad», señaló, haciendo hincapié en la importancia de revisar los expedientes de los reclusos, ya que algunos podrían tener procedimientos abreviados que permitirían acelerar sus juicios y, en algunos casos, reconsiderar sus medidas cautelares.
El Fiscal también planteó la posibilidad de que algunos internos no deban seguir privados de su libertad, sugiriendo que sería prudente revisar las condiciones de su encarcelamiento y evaluar si su situación jurídica podría resolverse sin necesidad de mantenerlos en prisión preventiva.
«Nos vamos a meter al 100 por ciento cuando lleguemos a una estrategia para poder terminar el hacinamiento o la sobrepoblación en los penales de Chiapas, se desarrollarán planes específicos para hacer frente a la crisis de saturación en los penales».
Este pronunciamiento llega en un contexto de creciente preocupación por las condiciones de los centros penitenciarios en Chiapas, donde el hacinamiento ha sido una constante durante los últimos años, donde es necesario revisar la infraestructura, recursos y personal adecuado ya que ha sido un desafío para garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal encargado de la vigilancia.
En este sentido, el fiscal destacó que, además de la revisión de los expedientes de los internos, será necesario un enfoque integral que contemple tanto la mejora en las condiciones de los penales como la implementación de medidas legales para acelerar los procesos judiciales y aliviar la presión en los centros de reclusión.