El Consejo Nacional Inmobiliaria lanza propuesta  de ley

Leonor Hernández

El sector inmobiliario en México se encuentra ante un desafío mayúsculo debido a la falta de un marco regulatorio que proteja tanto al patrimonio de los ciudadanos como la certeza jurídica de las inversiones. 

Ante esto Armando Ledesma Borja, presidente del Consejo Nacional Inmobiliario (CNI), ha puesto sobre la mesa una serie de reformas estructurales que buscan transformar profundamente las reglas del juego en el país. 

El objetivo principal es transitar de un esquema de simples registros a un verdadero sistema de control y corresponsabilidad legal que logre frenar de manera tajante el alarmante incremento en los fraudes y la venta de desarrollos irregulares.

La propuesta central del Consejo contempla tres iniciativas legislativas diseñadas para adaptarse a los diferentes tiempos de los congresos locales: una Ley General de Cobertura Nacional, una Ley Estatal Dependiente y una Ley Estatal Autónoma. 

Esta última modalidad resulta clave debido a que permite una aplicación e implementación inmediata en los estados que decidan adoptarla, sin la necesidad de quedar supeditados a los tiempos de homologación o acoplamiento de las cámaras federales, la intención es que las entidades federativas tengan en sus manos herramientas jurídicas rápidas para combatir la informalidad sin perder valioso tiempo institucional.

La base de esta regulación se sostiene sobre tres ejes fundamentales y obligatorios que buscan profesionalizar a quienes intervienen en las transacciones comerciales, el primer pilar es la capacitación y certificación obligatoria de los intermediarios, eliminando la posibilidad de que personas sin preparación adecuada manejen el patrimonio de las familias.

 El segundo pilar introduce la exigencia de un Seguro de Responsabilidad Civil por cada operación, replicando el modelo de protección financiera que actualmente se utiliza con los agentes de seguros tradicionales, y el tercer pilar establece la obligatoriedad de una Licencia Inmobiliaria Estatal, la cual será emitida directamente por el gobierno de cada entidad como único documento válido para ejercer la profesión de manera legal.

A diferencia de modelos pasados, el planteamiento del Consejo Nacional Inmobiliario no busca forzar una agrupación de los profesionales ni obligarlos a un agremiado institucional masivo, la propuesta respeta la libertad de ejercicio mediante dos esquemas claros de operación.

 Por un lado, se fomenta el modelo de Broker Inmobiliario o Promotoría, concebido como un espacio de incubación donde los agentes que apenas inician en la industria pueden capacitarse rigurosamente durante un año, por otro lado, una vez concluido este periodo de aprendizaje y obtenida la fianza y licencia correspondientes, el agente queda facultado para optar por una operación autónoma e independiente, garantizando que cumple con los estándares exigidos.

La urgencia de estas medidas se evidencia al analizar situaciones críticas como la que vive el estado de Chiapas, donde los análisis del Consejo estiman que más del setenta por ciento de los desarrollos inmobiliarios vigentes operan bajo condiciones de irregularidad. 

Si bien veintidós estados de la República ya cuentan con algún tipo de legislación en la materia, Armando Ledesma Borja advierte que los fraudes han rebasado por completo los ordenamientos actuales. 

Esto ocurre porque las leyes existentes suelen limitarse a crear padrones informativos sin dientes regulatorios, la nueva propuesta introduce el concepto de corresponsabilidad legal, determinando que, si un intermediario comercializa un lote irregular o prohibido, se vuelve directamente responsable del ilícito, atacando así la cadena de comercialización de los desarrollos fraudulentos.