Denuncian posible tráfico de Influencias en el homicidio  de Alfred Hazael Sánchez Ventura

Leonor Hernández 

Los padres de Alfred Hazael Sánchez Ventura, joven estudiante de la Universidad Pablo Guardado Chávez, ha alzado la voz de manera contundente ante la opinión pública, los medios de comunicación y las autoridades estatales para denunciar una red de corrupción que amenaza con dejar impune su asesinato. 

El joven fue víctima de un atroz homicidio el pasado 11 de septiembre de 2025, un crimen que ha conmocionado a la capital chiapaneca no solo por su brutalidad, sino porque los presuntos responsables materiales fueron sus propios amigos y compañeros de escuela.

 A pesar de la gravedad del hecho, los padres de la víctima señalan que el proceso judicial ha sido contaminado por intereses económicos y nexos de poder dentro de las instituciones encargadas de procurar justicia.

La denuncia principal apunta directamente hacia el Fiscal del Ministerio Público, Hugo Fredi Alegría Toalá, adscrito a la Fiscalía Metropolitana, según los familiares, este funcionario habría “vendido” el caso a favor de los imputados, reclasificando el delito de homicidio calificado a encubrimiento por favorecimiento para uno de los implicados, esta maniobra legal busca reducir la responsabilidad penal a una sanción máxima de apenas tres años de prisión, ignorando deliberadamente las pruebas que sustentan el asesinato.

Los padres Janet Ventura Mares y Alfredo Sánchez López,  de Alfred Hazael sostienen que esta decisión no es un error de procedimiento, sino un acto de corrupción explícita a costa del dolor de una familia que ha perdido lo más valioso: la vida de un hijo.

A pesar de que el Gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, instruyeron públicamente una investigación minuciosa, la realidad en los juzgados parece dictar otra sentencia.

 La familia denuncia que la Fiscalía Antisecuestros ha omitido dar seguimiento a la denuncia inicial y que el Juez Manuel Martín Antonio Álvarez se encuentra presuntamente coludido en una red de tráfico de influencias. 

Se ha revelado que familiares de uno de los detenidos laboran dentro de la propia Fiscalía General del Estado de Chiapas, lo que habría facilitado la triangulación de nexos para buscar su libertad, ante esto, se ha solicitado formalmente la remoción y recusación del juez ante el Presidente del Poder Judicial del Estado.

La familia de Alfred Hazael ha manifestado que, aunque el proceso penal sigue su marcha, ya no confían ciegamente en las instituciones locales, por lo que han buscado el respaldo de asesores externos y la vigilancia permanente de los medios de comunicación, advierten que procederán legalmente contra cualquier servidor público que intente obstaculizar la ley.

Finalmente, los afectados reconocieron la intervención del coordinador de fiscales, Armando Pérez Narváez, y del Fiscal especializado en homicidios, Arturo Pablo Liévano Flores, quienes han retomado la carpeta de investigación tras el deslinde de la Fiscalía Metropolitana, la exigencia es clara: que el delito se juzgue como el homicidio calificado que fue y no como un simple encubrimiento.